Un insólito caso registrado en el distrito de Majes, en Arequipa, generó polémica durante las Elecciones Generales 2026 luego de que una joven apareciera presuntamente como fallecida en el padrón electoral.

Aunque el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) negó irregularidades, usuarios reportaron incidentes similares, reavivando denuncias sobre posibles errores en el sistema y falta de confiabilidad del padrón.

CASO. El hecho ocurrió el 12 de abril, cuando Ruth Lizeth Arrosquispa Huillca, de 18 años, acudió a su local de votación en la I.E. Juan Velasco Alvarado, donde al verificar sus datos en la mesa N.° 008591 figuraba como “fallecida”.

Pese a la confusión inicial, la joven logró emitir su voto tras la validación de su DNI, evitando así la vulneración de su derecho ciudadano.

Sin embargo, ante la difusión del caso, Reniec emitió un pronunciamiento oficial asegurando que la joven “no tiene ninguna restricción (fallecida) en sus registros” y explicó que su situación correspondía a una observación por no haber actualizado su DNI amarillo.

Asimismo, precisó que “no ha tenido –ni tiene– ninguna restricción para ejercer el sufragio”, recordando que los jóvenes podían votar con dicho documento.

Sin embargo, versiones difundidas por medios locales y ciudadanos cuestionan esta explicación y advierten que no se trataría de un hecho aislado.

Diversos reportes de usuarios señalan que existirían casos similares a nivel nacional, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia del padrón electoral.

Incluso, desde el propio Reniec se ha reiterado que “ni los muertos ni los niños votan”, defendiendo que el padrón ha sido depurado y validado con rigurosidad para estas elecciones.

Frente a esta controversia, la entidad recordó a los denunciantes que cualquier irregularidad detectada durante la jornada debe ser reportada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidades responsables de fiscalizar y garantizar la legalidad del proceso.

En ese contexto, familiares de los afectados piden una investigación profunda de la situación para evitar que errores administrativos afecten el derecho al voto y la confianza en el sistema democrático.