El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, junto a cuatro funcionarios de la institución, enfrenta una denuncia por presuntos delitos electorales que podrían derivar en penas de hasta ocho años de prisión.

La acusación fue presentada por la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras detectarse irregularidades que habrían impactado el desarrollo de los comicios en trece locales de votación.

De acuerdo con el procurador público del JNE, Ronald Angulo, las fallas se originaron por una deficiente supervisión en la distribución del material electoral. Esta situación habría afectado directamente a más de 55 mil ciudadanos, quienes no pudieron ejercer su derecho al voto con normalidad.

“Hubo una inacción o una omisión por parte de los funcionarios encargados de verificar que el material llegara a tiempo”, declaró Angulo en entrevista con Canal N.

La denuncia contempla dos delitos principales: la omisión de deberes funcionales y la afectación al derecho de sufragio. Este último, tipificado en el artículo 359 del Código Penal, establece penas que van desde los dos hasta los ocho años de cárcel. En tanto, el delito por omisión de funciones podría implicar sanciones de hasta dos años de prisión, dependiendo de lo que determine el proceso judicial en curso.

El caso se encuentra actualmente en fase de investigación, por lo que será el Poder Judicial quien defina las responsabilidades y eventuales sanciones. “Eso está en fase de investigación y, de llegar a un proceso penal, el juez determinará la pena”, precisó el procurador.

Asimismo, Angulo subrayó que la denuncia se sustenta en hechos verificados durante la supervisión electoral y no en apreciaciones personales, en un contexto que ha generado alto interés y debate en redes sociales sobre la transparencia electoral en el país.