El Poder Judicial dispuso incorporar a la Procuraduría General del Estado como “actor civil” en la investigación preparatoria seguida contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en entidades públicas.
La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada la solicitud al considerar que “cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal”, permitiendo así que el Estado participe directamente en el proceso judicial.