La Contraloría determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, Piero Corvetto por irregularidades detectadas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el 12 de abril.
Según el informe de control, las deficiencias en la contratación del transporte y distribución del material electoral afectaron el derecho de sufragio de 55 261 electores en Lima Metropolitana.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de la ONPE habrían favorecido indebidamente a un postor en el proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral, al aplicar criterios no contemplados en los términos de referencia durante la evaluación técnica.
Esta situación permitió adjudicar la buena pro por S/6 368 332.75 a una propuesta económica superior frente a otro postor.
La Contraloría también detectó que el proveedor adjudicado ejecutó el servicio principalmente con 437 vehículos de terceros, equivalentes al 92 % del total utilizado, y apenas 40 unidades propias, pese a que funcionarios conocían previamente los requerimientos mínimos necesarios para el proceso logístico electoral.
Otro hallazgo apunta a la reprogramación de 43 rutas electorales el 11 de abril, un día antes de los comicios, involucrando 553 locales de votación, 8261 mesas de sufragio y más de 2.4 millones de electores, con tiempos de entrega que, según el informe, no garantizaban el cumplimiento oportuno del cronograma.
