La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “extrema preocupación” por el inicio de un proceso disciplinario contra el juez superior Oswaldo Ordóñez, tras su participación en una audiencia pública sobre la independencia judicial en las Américas realizada en noviembre de 2024. 

El magistrado intervino como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, donde advirtió que determinadas normas estarían debilitando la autonomía del sistema de justicia. “Preocupa a la CIDH que su participación en la audiencia haya sido incorporada, además, en el procedimiento de evaluación integral”, señaló el organismo.

Según la CIDH, esta intervención habría sido incluida dentro del proceso de evaluación y ratificación que lleva a cabo la Junta Nacional de Justicia (JNJ), del cual depende la continuidad de Ordóñez en el cargo.

Para la entidad internacional, este hecho podría constituir una represalia institucional contraria a los estándares del sistema interamericano.

En ese sentido, recordó que su reglamento obliga a los Estados a proteger a quienes participan en audiencias públicas y prohíbe cualquier tipo de sanción derivada de sus declaraciones.

Como antecedente, la intervención del magistrado se dio durante una audiencia en Washington D.C., considerada inédita por la participación directa de asociaciones de jueces. En ese espacio, Ordóñez afirmó que una mayoría parlamentaria, junto con el Poder Ejecutivo, venía “desestabilizando el sistema de justicia”, afectando al Poder Judicial y al Ministerio Público mediante leyes que limitan su autonomía.

Tras estas declaraciones, el Poder Judicial aclaró que no se trataba de una posición institucional, sino de una opinión emitida en representación gremial.

En paralelo, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) expresó su respaldo al magistrado y cuestionó el proceso de ratificación en curso. La organización advirtió que las evaluaciones deben regirse por criterios técnicos y respetar el debido proceso. 

“Los jueces no pierden su derecho a la libertad de expresión ni al diálogo con instancias internacionales”, indicaron, al tiempo que exhortaron al Estado peruano a garantizar procedimientos imparciales que no afecten la independencia judicial.