La segunda vuelta presidencial ya no enfrenta únicamente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Hay un protagonista silencioso que parece haberse instalado en el proceso electoral peruano: la desconfianza. Tras una primera vuelta marcada por retrasos, cuestionamientos y semanas de incertidumbre, el país llega al 7 de junio con una preocupación que supera nombres y partidos: la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar el voto ciudadano.

El Jurado Nacional de Elecciones anunció un despliegue sin precedentes con más de 26 000 fiscalizadores y otros 2500 de contingencia para Lima y Callao. La medida busca reforzar la vigilancia desde la llegada del material electoral hasta el escrutinio final. Sin embargo, las medidas extraordinarias suelen revelar problemas extraordinarios. Cuando un sistema necesita incrementar controles para recuperar tranquilidad, también reconoce implícitamente que la confianza anterior quedó debilitada.

En ese contexto apareció el pedido de Fuerza Popular para grabar o transmitir en vivo el conteo de votos. Más allá de la discusión legal, el planteamiento deja una señal política evidente: los actores electorales buscan garantías adicionales. El problema no radica en las cámaras ni en los mecanismos de control, sino en el mensaje de fondo: los protagonistas parecen confiar cada vez menos en las instituciones y más en herramientas externas para validar los resultados.

El verdadero desafío del 7 de junio no será únicamente elegir presidente. También será comprobar si el sistema electoral puede recuperar la confianza perdida. Porque una democracia sólida no se mide por la cantidad de fiscalizadores desplegados, sino por la tranquilidad con la que sus ciudadanos aceptan los resultados. Y esa confianza, hoy, parece ser la candidatura más difícil de reconstruir.