El retorno de la bicameralidad en el Perú reabre un debate que parecía zanjado desde el referéndum de 2018, cuando la ciudadanía rechazó restablecer un Congreso con dos cámaras. Sin embargo, la decisión política posterior ignoró ese resultado y reinstaló un modelo cuestionado por su impacto en la representación y el gasto público.

Las críticas no se centran solo en el diseño institucional, sino en sus efectos concretos. Según la virtual diputada Amalia Palomino el presupuesto del Congreso pasó de S/558 millones a S/1700 millones, un incremento que evidencia una expansión del aparato estatal. Este dato no es menor en un país donde persisten brechas en educación y servicios básicos.

Desde el ámbito político, voces como las de Palomino y Marleny Arminta coinciden en que la bicameralidad podría generar mayor burocracia y concentración de poder. Ambas advierten que el sistema no necesariamente mejora la calidad legislativa ni fortalece la representación ciudadana, como se argumentó en su momento.

El cuestionamiento se intensifica cuando se vincula este aumento del gasto con la reducción de programas sociales. La disminución de fondos en iniciativas como Beca 18 y Generación Bicentenario plantea una tensión evidente entre prioridades estatales: financiar la política o invertir en capital humano.

En este escenario, el debate sobre la bicameralidad deja de ser teórico y se convierte en una discusión sobre eficiencia, legitimidad y uso de recursos públicos. Más allá de posiciones ideológicas, los datos obligan a evaluar si el sistema responde a las necesidades del país o si profundiza una desconexión entre el Estado y la ciudadanía.