La organización Transitional Justice Working Group denunció que Corea del Norte triplicó el número de ejecuciones y condenas a muerte desde el cierre de sus fronteras en 2020 por la pandemia de la covid 19. Según su informe, al menos 153 personas fueron ejecutadas o sentenciadas a muerte entre 2020 y 2024, frente a 44 casos en los cinco años anteriores.

El estudio, titulado “Mapeando las ejecuciones en Corea del Norte antes y después de la pandemia”, analiza un total de 144 casos documentados y revela que durante el gobierno de Kim Jong-un (2011-2024) se han registrado al menos 358 ejecuciones. La mayoría de estas fueron públicas (72,8%) y el método predominante fue el fusilamiento, utilizado en más del 96% de los casos.

El informe también identificó 46 lugares de ejecución, incluidos varios en Pionyang, algunos cercanos a la sede central del Partido de los Trabajadores. La ONG sostiene que la pena capital se utiliza como una herramienta de control político, social e ideológico, especialmente en casos relacionados con el consumo de cultura surcoreana, prácticas religiosas o delitos considerados políticos.

Los hallazgos coinciden con denuncias previas de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, que recientemente aprobó una resolución condenando las violaciones de derechos humanos en el país. El informe se basa en testimonios de 265 desertores norcoreanos y evidencia un endurecimiento de la represión tras la pandemia, en un contexto de deterioro de las condiciones de vida y mayor control estatal.